el informe Oppenheimer
Andrés Oppenheimer
A juzgar por lo que el presidente de Uruguay José Mujica me dijo la
semana pasada en una entrevista, existe una posibilidad real de que en
su país la gente pueda muy pronto comprar marihuana legalmente a una
empresa regulada por el gobierno que estará a cargo de la distribución y
venta de la droga.
Mujica, de 78 años, envió al Congreso hace unos días un proyecto de ley que tal vez sea la propuesta más audaz de legalización de marihuana en todo el mundo. La propuesta propone que el estado “asuma el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana”.
El proyecto va mucho más allá de lo que han hecho países como Holanda y Portugal para despenalizar el uso de marihuana. También va mucho más lejos de propuestas recientes como las del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina y de los presidentes de Colombia y México para iniciar un debate abierto sobre la legalización de las drogas.
¿Usted está proponiendo que el estado venda marihuana?, le pregunté a Mujica.
“Es algo un poquito más profundo”, respondió. “Se trata de quitarles el mercado a los narcotraficantes”.
Mujica me explicó que, en la actualidad, los narcotraficantes que venden marihuana en Uruguay suelen llevar a los jóvenes a consumir drogas más pesadas y peligrosas, como la pasta de coca. Eso ha generado un importante aumento de la criminalidad en el país.
“Preferimos que este mercado de las drogas blandas no sirva de entrada para las llamadas drogas más duras”, dijo Mujica.
Al tomar a su cargo y regular el negocio de la marihuana en Uruguay, estimado en unos 40 millones de dólares anuales, el estado se lo quitará a los narcotraficantes, y los debilitará, aseguró Mujica. Además, el estado llevaría un registro de todos los consumidores de marihuana, y les podría dar tratamiento a los más graves adictos, tal como se hace actualmente en el caso de los alcohólicos, dijo.
Cuando le pregunté si su idea es que los uruguayos compren marihuana en bares o en kioscos, Mujica dijo eso es algo que deberá decidir el Congreso. Agregó que su proyecto de ley tiene un “cincuenta por ciento” de apoyo en el Congreso, pero que espera que el debate público ayude a que sea aprobado.
¿Y qué piensa de la crítica de que una empresa estatal que venda marihuana se convertirá en una burocracia inepta, con grandes posibilidades de corromperse al entrar en el negocio del narcotráfico?, le pregunté.
Mujica, que hasta ahora no había aclarado si está a favor de que la empresa encargada de gerenciar su proyecto sea estatal o privada, dijo que “una empresa privada es la que va a vender” la marihuana bajo estricto control gubernamental, tal como ocurre ahora con las ventas de bebidas alcohólicas.
¿Y si esta ley se aprueba, no convertirá a Uruguay en una meca turística para fumadores de marihuana?, le pregunté. Mujica respondió que su plan es “un mecanismo para uruguayos” que estarán registrados y tendrán una ración mensual, y que los extranjeros no podrán comprar marihuana.
En cuanto a la critica de que los precios más bajos de la marihuana producirán un aumento del consumo –como ocurrió cuando se abolió la prohibición del alcohol en Estados Unidos en la década de 1930–, Mujica señaló que se trata de un riesgo que vale la pena correr.
Cuando Estados Unidos levantó la prohibición del alcohol, “la gente al principio bebía un poco más...y el hecho es que Estados Unidos siguió viviendo, y hoy en día es una nación bastante próspera, ¿no?”, dijo.
“Lo que no podemos hacer es seguir haciéndonos los tontos, disimular y mirar para el otro lado” mientras sigue aumentando el consumo y la violencia relacionada con el narcotráfico, concluyó Mujica. “Entonces, tratamos de ensayar otras armas”.
Mi opinión: cuando leí por primera vez el proyecto de ley de Mujica proponiendo que el estado “asuma” el control del negocio de la marihuana, mi primera reacción fue pensar que Uruguay creará una nueva burocracia gubernamental, repleta de amigos del gobierno, que probablemente terminarán fumándose los ingresos de las ventas de marihuana o –peor aún— vendiendo drogas duras por debajo de la mesa.
Pero si el plan de Mujica es subcontratar una empresa privada de trayectoria conocida para gerenciar el negocio bajo regulaciones estatales –tal como ocurre con las empresas que venden whisky o cerveza–, tal como dijo en la entrevista, quizás no sea una idea tan loca. Los ingresos podrían usarse para pagar programas de educación, prevención y tratamiento para combatir drogas más duras.
Lo está claro es que la guerra contra las drogas no está funcionando, y está dejando decenas de miles de muertos en todo el hemisferio. Si se hace bien, experimentar con “nuevas armas” será mejor que no hacer nada.
Mujica, de 78 años, envió al Congreso hace unos días un proyecto de ley que tal vez sea la propuesta más audaz de legalización de marihuana en todo el mundo. La propuesta propone que el estado “asuma el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de marihuana”.
El proyecto va mucho más allá de lo que han hecho países como Holanda y Portugal para despenalizar el uso de marihuana. También va mucho más lejos de propuestas recientes como las del presidente guatemalteco Otto Pérez Molina y de los presidentes de Colombia y México para iniciar un debate abierto sobre la legalización de las drogas.
¿Usted está proponiendo que el estado venda marihuana?, le pregunté a Mujica.
“Es algo un poquito más profundo”, respondió. “Se trata de quitarles el mercado a los narcotraficantes”.
Mujica me explicó que, en la actualidad, los narcotraficantes que venden marihuana en Uruguay suelen llevar a los jóvenes a consumir drogas más pesadas y peligrosas, como la pasta de coca. Eso ha generado un importante aumento de la criminalidad en el país.
“Preferimos que este mercado de las drogas blandas no sirva de entrada para las llamadas drogas más duras”, dijo Mujica.
Al tomar a su cargo y regular el negocio de la marihuana en Uruguay, estimado en unos 40 millones de dólares anuales, el estado se lo quitará a los narcotraficantes, y los debilitará, aseguró Mujica. Además, el estado llevaría un registro de todos los consumidores de marihuana, y les podría dar tratamiento a los más graves adictos, tal como se hace actualmente en el caso de los alcohólicos, dijo.
Cuando le pregunté si su idea es que los uruguayos compren marihuana en bares o en kioscos, Mujica dijo eso es algo que deberá decidir el Congreso. Agregó que su proyecto de ley tiene un “cincuenta por ciento” de apoyo en el Congreso, pero que espera que el debate público ayude a que sea aprobado.
¿Y qué piensa de la crítica de que una empresa estatal que venda marihuana se convertirá en una burocracia inepta, con grandes posibilidades de corromperse al entrar en el negocio del narcotráfico?, le pregunté.
Mujica, que hasta ahora no había aclarado si está a favor de que la empresa encargada de gerenciar su proyecto sea estatal o privada, dijo que “una empresa privada es la que va a vender” la marihuana bajo estricto control gubernamental, tal como ocurre ahora con las ventas de bebidas alcohólicas.
¿Y si esta ley se aprueba, no convertirá a Uruguay en una meca turística para fumadores de marihuana?, le pregunté. Mujica respondió que su plan es “un mecanismo para uruguayos” que estarán registrados y tendrán una ración mensual, y que los extranjeros no podrán comprar marihuana.
En cuanto a la critica de que los precios más bajos de la marihuana producirán un aumento del consumo –como ocurrió cuando se abolió la prohibición del alcohol en Estados Unidos en la década de 1930–, Mujica señaló que se trata de un riesgo que vale la pena correr.
Cuando Estados Unidos levantó la prohibición del alcohol, “la gente al principio bebía un poco más...y el hecho es que Estados Unidos siguió viviendo, y hoy en día es una nación bastante próspera, ¿no?”, dijo.
“Lo que no podemos hacer es seguir haciéndonos los tontos, disimular y mirar para el otro lado” mientras sigue aumentando el consumo y la violencia relacionada con el narcotráfico, concluyó Mujica. “Entonces, tratamos de ensayar otras armas”.
Mi opinión: cuando leí por primera vez el proyecto de ley de Mujica proponiendo que el estado “asuma” el control del negocio de la marihuana, mi primera reacción fue pensar que Uruguay creará una nueva burocracia gubernamental, repleta de amigos del gobierno, que probablemente terminarán fumándose los ingresos de las ventas de marihuana o –peor aún— vendiendo drogas duras por debajo de la mesa.
Pero si el plan de Mujica es subcontratar una empresa privada de trayectoria conocida para gerenciar el negocio bajo regulaciones estatales –tal como ocurre con las empresas que venden whisky o cerveza–, tal como dijo en la entrevista, quizás no sea una idea tan loca. Los ingresos podrían usarse para pagar programas de educación, prevención y tratamiento para combatir drogas más duras.
Lo está claro es que la guerra contra las drogas no está funcionando, y está dejando decenas de miles de muertos en todo el hemisferio. Si se hace bien, experimentar con “nuevas armas” será mejor que no hacer nada.
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