EE.UU.: Los préstamos a las pequeñas empresas en virtud de la Ley Dodd-Frank

por Mark Calabria

Mark A. Calabria es Director de Estudios de Regulaciones Financieras.
Después de dos años de que la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor, algunas de las minas ocultas en sus cientos de páginas están empezando a salir a la superficie.
Bajo la sección 1071, subtítulo G, denominado "Mejoras regulatorias" (¿Quién dice que el Congreso no tiene sentido del humor?), la ley establece un sistema de recolección de datos sobre los préstamos a pequeñas empresas. La finalidad alegada es "facilitar el cumplimiento de las leyes de préstamos justos y permitirle a las comunidades, a las entidades gubernamentales y a los acreedores identificar las necesidades y oportunidades de los negocios y de desarrollo comunitario que tienen las empresas que son propiedad de mujeres o de minorías o pequeñas". Traducción: Impulsar la discriminación positiva en la concesión de préstamos a las pequeñas empresas.

Recordemos que el mismo esquema de ingeniería social establecido por la ley contribuyó al auge de los préstamos de alto riesgo que finalmente hicieron estallar al mercado hipotecario. Parece que la Ley Dodd-Frank llevará a los préstamos a pequeñas empresas por el mismo camino.
La crisis financiera ha demostrado la capacidad del gobierno para tomar lo que debería ser una actividad relativamente segura —como los préstamos hipotecarios— y convertirlo en un desastre. Los préstamos a las pequeñas empresas, sin embargo, ya están lejos de ser seguros. La tasa de fracaso anual para empresas con menos de cinco empleados promedia el 20 por ciento —1 de cada 5. Eso es cierto incluso en el mejor de los tiempos: En 2005, el 19 por ciento de las pequeñas empresas fracasó. Los fracasos de las pequeñas empresas, no obstante, no son al azar. Las empresas más jóvenes, por supuesto, fracasan a una tasa más alta. Otro factor importante es el tipo de empresa —un factor que tiende a estar fuertemente influenciado por la raza y el género de sus propietarios.
Por ejemplo, el 16 por ciento de las empresas propiedad de mujeres opera en el sector de la atención médica y la asistencia social, un sector con una tasa de fracaso relativamente baja de 18 por ciento. Mientras tanto, solo 10 por ciento de las empresas propiedad de hispanos opera en esos sectores, mientras que los hispanos poseen un número desproporcionadamente elevado de las empresas de construcción. En 2009, las empresas de construcción que tenían menos de 10 años en funcionamiento fracasaron a una tasa del 30 por ciento.
Las distintas industrias tienen diferentes tasas de éxito y una distinta necesidad de capital, y también difiere su necesidad de préstamos y su solvencia. Dado que la raza y el sexo de los propietarios es un factor comprobable en las industrias con diferentes tasas de fracaso, la cotización y el rechazo de préstamos será distinta entre las razas y los sexos incluso en ausencia total de discriminación. "Igualar" la negación y la fijación de precios de la forma en que Dodd-Frank busca hacerlo significa necesariamente ampliar el crédito a las empresas más riesgosas.
Las tasas de fracaso de las empresas también difieren significativamente entre las distintas áreas geográficas. En la medida en que algunos grupos demográficos están concentrados en áreas específicas —por ejemplo, los hispanos en el suroeste— las diferencias en las condiciones económicas también impulsarán diferencias entre las razas.
Uno esperaría que estas variables se tomaran en consideración. Pero el Departamento de Justicia demostró que este no es el caso con al reciente sacudida de Wells Fargo por prácticas de préstamos hipotecarios que supuestamente discriminaban a negros e hispanos. Esa acción estaba basada en un análisis que reprobaría en una clase de estadística de pregrado. Si el Departamento de Justicia hubiese hecho un mínimo intento por controlar factores tales como el riesgo de crédito o la relación préstamos/valor, su propia información hubiera revelado que las diferencias entre las tasas hipotecarias se rigen por puntuaciones de crédito y las características del préstamo, no la raza. Esto sugiere que la política, no la razón, impulsará el uso de la información recolectada en virtud de la Ley Dodd-Frank.
El incidente de Wells Fargo también podría ser una mala señal de hacia donde se dirige la política gubernamental. A diferencia del mercado hipotecario, solo una porción de los préstamos a pequeñas empresas (afortunadamente) está garantizada por el gobierno. La concesión de préstamos de la misma Administración a las Pequeñas Empresas parece cuestionable bajo los estándares aceptados por la Ley Dodd-Frank: En el año fiscal 2011, 3 por ciento de los préstamos sección 7(a) de la agencia fue concedido a negros, mientras que 6 por ciento fue concedido a empresarios hispanos y 17 por ciento a los negocios propiedad de mujeres.
A pesar de su riesgo, los préstamos a las pequeñas empresas rara vez han sido la causa de crisis financieras. La razón es que los bancos, a sabiendas de que ese tipo de préstamo es riesgoso, toman precauciones y mantienen estándares conservadores de evaluación. Una vez que el gobierno recolectó y publicó información sobre los préstamos hipotecarios según la raza y el género, lo primero en recibir ataques fueron los criterios conservadores de evaluación. ¿Qué sucede cuando la administración o miembros del Congreso comienzan a quejarse de que las mujeres y las minorías están siendo victimizados en la concesión de préstamos a las pequeñas empresas?
Teniendo en cuenta que las evaluaciones para las pequeñas empresas son más subjetivas que aquellas para los préstamos hipotecarios, la erosión de los estándares de evaluación podría resultar fácilmente en presión sobre los bancos por parte de grupos comunitarios y políticos para extender préstamos a algunos favorecidos. Somos afortunados de que las pérdidas de los préstamos a pequeñas empresas jugaron un papel relativamente menor en la reciente crisis financiera. Si queremos evitar que juegue un papel más importante en la próxima conflagración, entonces derogar la sección 1071 de la Ley Dodd-Frank debería ser una alta prioridad para el próximo Congreso.