El Rescate de la democracia Salvadoreña: segunda parte.

Por MARY ANASTASIA O'GRADY

Mi columna del 30 de julio para esta sección —sobre el intento del presidente salvadoreño Mauricio Funes y su partido en el Congreso, el FMLN, por destruir la independencia judicial y convertir al país en la próxima ficha del dominó venezolano— tocó una fibra sensible en el palacio presidencial de San Salvador.
El embajador de El Salvador en Washington respondió el 2 de agosto con una carta a The Wall Street Journal (WSJ) absolviendo a Funes de cualquier participación en la negativa de su partido en el Congreso a aceptar un fallo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. El presidente, afirma en la carta, no es más que un mediador en el "conflicto".
Eso fue difícil de digerir para al menos un prominente salvadoreño. El 9 de agosto, un ex magistrado de la Corte Suprema corrigió el documento con una carta propia a WSJ, enumerando las diversas formas en que Funes ha facilitado y alentado el asalto del FMLN contra el alto tribunal.
La incapacidad del Poder Ejecutivo para defender de manera imparcial el estado de Derecho ha sido mencionada en muchos lugares, incluso en un editorial del 23 de julio publicado en el periódico de la Universidad Centroamericana (UCA), una institución jesuita. De hecho, el apoyo de Funes al FMLN en su intento de golpe contra el máximo tribunal está tan bien documentado en la prensa salvadoreña que es difícil creer que las protestas de su gobierno estuvieran dirigidas a convencer a los salvadoreños de su mera inocencia.

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AFP/Getty Images

Mauricio Funes, presidente de El Salvador

No lo estaban. El gobierno de Funes no se dirigió a los salvadoreños cuando escribió su carta al WSJ. Su objetivo eran los contribuyentes estadounidenses.

Funes, al parecer, trata desesperadamente de proteger cientos de millones de dólares en subvenciones de Millennium Challenge Corporation (MCC). Tales subvenciones exigen a cambio respeto a la Constitución. Mi difusión del intento del FMLN por aumentar su poder, con el apoyo de Funes, no cuadraba con el relato, que lo presentaba como un protagonista imparcial, que su gobierno había promovido en Washington. El presidente mandó a su ministro de Relaciones Exteriores a Washington en julio para adelantar su versión de los acontecimientos.
El dinero de MCC es fundamental para que el FMLN retenga la presidencia en la elección de 2014. También es la mejor herramienta a disposición de Washington para influir en el desenlace de lo que se ha convertido en una amplia lucha de los salvadoreños para salvar la joven democracia de una toma de control por parte de la militancia del FMLN.
Lo que está en entredicho es un fallo del tribunal constitucional de junio que dice que el nombramiento de 10 magistrados a la Corte Suprema por parte de una legislatura controlada por el FMLN es anticonstitucional. El FMLN se reunió con algunos pequeños partidos en el Congreso y anunció que apelará la decisión ante la Corte Centroamericana de Justicia, con sede en Managua, Nicaragua. Esto es como si los legisladores en Estados Unidos apelaran la decisión de la Corte Suprema de validar en su mayor parte la reforma de salud del presidente Barack Obama ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Es absolutamente absurdo.
Pero en lugar de decir eso, Funes apoyó públicamente la apelación a Managua y luego permitió que las fuerzas de seguridad pública ayudaran el 1 de julio a la apertura forzada e ilegal de la sede del tribunal para permitir el acceso de los nuevos jueces. La reacción de la sociedad civil, de todo el espectro político, lo convenció de retirarse, pero no de rendirse. Ahora, Funes encabeza una "negociación" a puerta cerrada entre las partes, como si las decisiones del alto tribunal en una república constitucional debieran ser sujeto de la aprobación de las clases políticas.
Funes sabe que su intento de echar por la borda la independencia judicial y el estado de Derecho, de no ser revertido, descalificará a El Salvador para recibir nuevos subsidios de MCC. La organización fue creada para asegurarse que los países que reciben ayuda extranjera mantengan una conducta intachable a la hora de gobernar en forma democrática. También sabe que los casi US$450 millones en subvenciones que el país ya recibió han sido vitales para su gobierno, porque todo lo demás en la economía se ha ido a pique.
En 2010 y 2011, el Producto Interno Bruto de El Salvador apenas creció 1,4% anual. En el Índice de Libertad Económica elaborado por Heritage Foundation y WSJ, el país ha caído del puesto 33 al 41 en el mundo desde que Funes asumió el cargo. En 2005 ocupaba el lugar 19. El mes pasado, la agencia de calificación Fitch Ratings rebajó la deuda del país de "BB estable" a "BB negativa" debido al deterioro de la situación fiscal. Hace menos de 15 años, la deuda salvadoreña tenía una calificación de grado de inversión gracias a las enérgicas reformas liberales.
El país puede estar recibiendo todavía buenas críticas, como ocurrió en julio, de los funcionarios de MCC que lo consideran como su "cliente". Sin embargo es probable que el Congreso estadounidense vea las cosas de manera diferente. La oficina del senador republicano Marco Rubio me dijo la semana pasada que hasta que se restablezca el orden constitucional "está pidiendo a la MCC que anuncie públicamente la suspensión indefinida de todas las consideraciones de un segundo acuerdo con El Salvador y la suspensión inmediata de cualquier ayuda que El Salvador reciba a través del programa Partnership for Growth".
Así es como se supone que MCC funciona y es por eso que Funes está preocupado.