Por MARY ANASTASIA O'GRADY
Mi columna del 30 de julio para esta sección —sobre el intento del presidente salvadoreño Mauricio Funes y su partido en el Congreso, el FMLN, por destruir la independencia judicial y convertir al país en la próxima ficha del dominó venezolano— tocó una fibra sensible en el palacio presidencial de San Salvador.
El embajador de El Salvador en Washington respondió el 2 de agosto con una carta a The Wall Street Journal (WSJ) absolviendo a Funes de cualquier participación en la negativa de su partido en el Congreso a aceptar un fallo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. El presidente, afirma en la carta, no es más que un mediador en el "conflicto".
Eso fue difícil de digerir para al menos un prominente salvadoreño. El 9 de agosto, un ex magistrado de la Corte Suprema corrigió el documento con una carta propia a WSJ, enumerando las diversas formas en que Funes ha facilitado y alentado el asalto del FMLN contra el alto tribunal.
La incapacidad del Poder Ejecutivo para defender de manera imparcial el estado de Derecho ha sido mencionada en muchos lugares, incluso en un editorial del 23 de julio publicado en el periódico de la Universidad Centroamericana (UCA), una institución jesuita. De hecho, el apoyo de Funes al FMLN en su intento de golpe contra el máximo tribunal está tan bien documentado en la prensa salvadoreña que es difícil creer que las protestas de su gobierno estuvieran dirigidas a convencer a los salvadoreños de su mera inocencia.
AFP/Getty Images
Mauricio Funes, presidente de El Salvador
No lo estaban. El gobierno de Funes no
se dirigió a los salvadoreños cuando escribió su carta al WSJ. Su
objetivo eran los contribuyentes estadounidenses.