España negocia las condiciones de un rescate: ¿qué le pedirá la UE a cambio?

Reuters | EP

El Gobierno español mantiene negociaciones con representantes de la zona euro sobre las condiciones que implicaría la ayuda internacional que permitiría reducir los costes de su deuda soberana, aunque el Ejecutivo español no ha tomado aún la decisión final de solicitar el rescate. Así lo han indicado tres fuentes distintas con conocimiento de la situación, que precisaron que no se ha concretado ninguna cifra. Rescate de España y salida de Grecia: ¿cuándo sucedería?
En este sentido, no se espera que se adopte decisión alguna antes del 12 de septiembre, fecha en la que el Constitucional alemán se pronunciará sobre la legalidad del pacto de disciplina fiscal europeo y del MEDE, mientras que los contactos podrían intensificarse entre el 14 y 15 del próximo mes, coincidiendo con la reunión que mantendrán los ministros de Finanzas europeos.

La opción favorita manejada en las conversaciones, que habrían comenzado hace semanas, es que el actual fondo de rescate, el FEEF, comprara deuda soberana española en el mercado primeario, mientras que el BCE intervendría en el secundario para rebajar la rentabilidad de la deuda.
Mucho se ha especulado hasta el momento de cómo podría actuar el BCE en el mercado para ayudar no sólo a España sino también a Italia. La última información que se ha conocido al respecto es que la entidad estudia la posibilidad de establecer un límite de rentabilidad para intervenir en el mercado de deuda con un nuevo programa de compra de bonos, pero sin hacer públicos esos niveles.

Condiciones para España

Las tres fuentes consultadas explicaron que las negociaciones, desarrolladas a nivel técnico, se han enfocado sobre las condiciones vinculadas a la ayuda y que serían incluídas en un memorándum de entendimiento.
Aunque hay un consenso a nivel político de que las condiciones deberían ceñirse a las ya incluídas en las recomendaciones de la UE a España, que han impulsado la aplicación de duras medidas de ajuste, dos de estas fuentes señalaron el interés de los países de la eurozona en incluir un calendario de vigilancia más estricto.