La degradación institucional y la crisis

- María Blanco

La degradación institucional y la crisis

La sociedad es un sistema complejo. Es una institución espontánea generada porque somos seres sociales y nos sale más rentable como especie vivir en comunidad. La vida en sociedad durante tantos miles de años ha dado lugar al surgimiento espontáneo de instituciones humanas. Tanto Carl Menger como Hayek como muchos otros autores han estudiado este carácter espontáneo de las mismas. Otros autores se han dedicado a analizar las instituciones desde otros puntos de vista. Incluso, en el siglo XX, ha aparecido la llamada Escuela Institucionalista, la corriente neoinstitucionalista, y se ha reconocido su labor, de alguna manera, con la concesión del Nobel de Economía hace unos años a Williamson y Ostrom.

Precisamente, Elinor Ostrom, recientemente fallecida, estudió cómo los procesos biológicos tan complejos necesitan de un grado tan alto de diversidad en el manejo de los problemas que surgen como elevado sea el nivel de complejidad del sistema. Es lo que el biólogo W. Ross Ashby describió en Desing for a Brain: The Origin of Adaptative Behaviour (1960), en el que postulaba la "ley de la variedad requerida", que explica que cualquier sistema regulatorio requiere una variedad de acciones a realizar tan grande como variedad de acciones exista en el sistema a regular.
Si la sociedad es un sistema natural complejo, esa máxima también es aplicable, y se podría interpretar que la variedad en las soluciones posibles permite alcanzar el mejor resultado posible. Sin embargo, este es un tema complicado. La razón está en que, una vez que se establecen con firmeza las instituciones sociales, y una vez que son ocupadas por rent seekers, no hay nada que hacer. Se trata de buscadores de rentas que consiguen un puesto privilegiado desde el cual, independientemente de su desempeño en tanto que servidores públicos, conseguir rentas sea pecuniarias, sea como privilegios, favores, o puestos de trabajo para sus familiares y amigos. La "okupación" de las instituciones por este tipo de personajes trae consigo el enquistamiento y esclerotización de dichas instituciones. Así, es imposible que se dé la "ley de la variedad requerida" de Ashby, simplemente porque la evolución necesaria de estas instituciones, la necesaria variedad institucional que permitiría una resolución más eficiente de los problemas y crisis sociales se ve frenada por las acciones de estos buscadores de rentas.
Al statu quo no le conviene que las cosas cambien, incluso para bien.
En medio de la crisis que estamos padeciendo, vemos cómo el sistema de instituciones que constituyen las administraciones del Estado español, en concreto las comunidades autónomas, está hipertrofiado, genera mucho gasto, es ineficiente y nos cuesta mucho dinero a todos. Lo mismo sucede con las televisiones públicas, con las universidades, los aeropuertos...
Pero a pesar de lo evidente de esta sobredimensión, el gobierno recurre al despido, a pequeños recortes, a medidas taimadas e insuficientes.
¿Qué sería lo suyo? Cerrar las instituciones obsoletas y permitir la competencia institucional. Y si hay servicios que la población decide que deben ser de cobertura universal, el Estado se puede ocupar subsidiariamente de esa oferta de la que nadie se haga cargo... mientras nadie se haga cargo.
Es decir, si surgen oferentes de servicios privados dispuesto a proporcionar cobertura de servicios allá donde otros no llegan, el Estado no debería ser un obstáculo.
Todo esto suena muy bien en teoría. Pero requiere para que funcione de una regulación de la función pública y de las instituciones públicas de manera que no puedan ser "okupadas" para beneficio de esos buscadores de rentas de todos los partidos, que piden cada vez más, que no permiten alternativas institucionales porque no pasan el filtro de la comparación, y que son protegidos por el entramado político a costa del sufrido pagador de impuestos.
Como esa regulación (o revolución institucional) debería provenir de dentro del sistema, es poco lo que podemos esperar. Al menos, nos queda el consuelo de la consciencia, de saber que nos están defraudando y que hay más alternativas. Y votar en consecuencia. O no votar.