Pruebas patéticas
Si el TEPJF anula las elecciones es porque sus integrantes aplicaron la ley de manera justa y proba; si no, es porque son unos corruptos...
Gerardo Galarza
El Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de su magistrado presidente, Alejandro Luna Ramos,
estableció el pasado viernes 17 que los votos de 50.3 millones de
mexicanos, emitidos el domingo primero de julio, fueron y han sido
“correctamente contados”, luego de calificar 356 votos reservados, es
decir impugnados por diversos partidos políticos por considerar que no
eran legítimos, provenientes de mil 125 casillas de 28 entidades
federativas.
Los magistrados del TEPJF dijeron también que en su análisis encontraron algunos errores atribuibles a los funcionarios de casillas, pero todos considerados eso: errores, que además en nada afectan a los resultados finales. Su resolución, si se tiene ánimo imparcial, es otro golpe a la afirmación del fraude electoral o, de otra manera, una muestra más del fraude que es el fraude electoral.
Por más que se quiera, nos guste o no, no puede ser de otra manera. El domingo primero de julio no hubo fraude electoral en las casillas que recogieron los sufragios de 50.3 millones de mexicanos. Lo saben todos los que fueron candidatos a los dos mil 127 cargos de elección popular y lo saben todos los dirigentes de todos los partidos políticos.
En todo caso, de haber existido ese fraude, los responsables fueron poco más de un millón 200 mil ciudadanos que, surgidos de dos sorteos de entre los inscritos en la lista nominal del padrón electoral, fueron designados como funcionarios de casillas; otra cifra igual de representantes de todos los partidos que participaron en la contienda y unos 30 mil observadores electorales nacionales y extranjeros, sin contar, claro, los cinco millones de ciudadanos que Andrés Manuel López Obrador y los partidos que los apoyaron, convencieron para cuidar las casillas y promover su voto, según las propias declaraciones públicas del mismo candidato.
Los dirigentes de todos los partidos, todos sus ex candidatos y también muchos de sus militantes, lo saben bien. Por eso, en el caso de López Obrador y los partidos que lo apoyaron, enfocan sus denuncias a las presuntas compra y coacción del voto, con base en la presumible violación a los topes de campaña legalmente establecidos, aunque hay que decir que de esto último se han acusado entre sí todos los partidos.
Pero resulta que sólo la coacción del voto (en los hechos imposible de probar jurídicamente, al igual que la compra del voto, como lo ha mostrado magistral y sencillamente en esta mismas páginas nuestro colaborador José Elías Romero Apis) es delito que podría tomarse en cuenta para una hipotética anulación de las elecciones. El rebasar los topes de gastos de campaña se resuelve legalmente con el pago de una multa. De ellos son responsables los legisladores (de todos los partidos políticos, incluidos los que apoyaron la candidatura de López Obrador) que aprobaron la reforma electoral de 2007 y que expresamente se opusieron a que el superar los gastos legales en las campañas sea causal de anulación de las elecciones. A ellos hay que exigirles cuentas.
Eso también lo saben todos los involucrados. Por ello los quejosos recurren a espectáculos mediáticos (tan repudiados y denunciados cuando creen que les afectan) para tratar de convencer de que son las víctimas y así se llega al ridículo de mostrar, con fe pública de notario incluida, a un borrego, dos guajolotes, dos patos, una gallina y un cerdo, provenientes de diversos estados de la República… como pruebas de la moneda de cambio para la compra de votos. Aceptemos que esos animalitos fueron entregados a cambio de votos, ¿tiene derecho a exhibirlos quien llamó públicamente a los votantes a recibir lo que les ofrecieron por su voto, siempre y cuando mantuvieran su voto? Si quienes recibieron los patitos, el borrego, el marranito, la gallina y los guajolotes no cambiaron su voto (siguiendo el consejo de su candidato), ¿dónde está el delito? Si cambiaron el voto a cambio de ese regalo, pues resulta que podrían ser considerados traidores o, al menos, corruptos tanto como el que se los ofreció... y moralmente quien los aconsejó.
Mientras, los dirigentes del PRD, algunos de sus gobernadores en funciones, los que ganaron las elecciones y sus próximos diputados y senadores (electos en los mismos comicios que impugnan) realizaron una reunión cumbre en Acapulco para expresar que no se quieren quedar fuera de la agenda nacional en los próximos seis años (como ocurrió de 2006 a 2012), pero que no acatarán, sino valorarán, la decisión del TEPJF sobre la validez y legitimidad de la elección presidencial. En otras palabras: Si el TEPJF anula las elecciones es porque sus integrantes aplicaron la ley de manera justa y proba; si no, es porque son unos corruptos que no hicieron valer la ley. Es decir, aplíquese la ley en los bueyes —bueno, en este caso, patos, borrego, gallina y cerdito— de mi compadre.
Los magistrados del TEPJF dijeron también que en su análisis encontraron algunos errores atribuibles a los funcionarios de casillas, pero todos considerados eso: errores, que además en nada afectan a los resultados finales. Su resolución, si se tiene ánimo imparcial, es otro golpe a la afirmación del fraude electoral o, de otra manera, una muestra más del fraude que es el fraude electoral.
Por más que se quiera, nos guste o no, no puede ser de otra manera. El domingo primero de julio no hubo fraude electoral en las casillas que recogieron los sufragios de 50.3 millones de mexicanos. Lo saben todos los que fueron candidatos a los dos mil 127 cargos de elección popular y lo saben todos los dirigentes de todos los partidos políticos.
En todo caso, de haber existido ese fraude, los responsables fueron poco más de un millón 200 mil ciudadanos que, surgidos de dos sorteos de entre los inscritos en la lista nominal del padrón electoral, fueron designados como funcionarios de casillas; otra cifra igual de representantes de todos los partidos que participaron en la contienda y unos 30 mil observadores electorales nacionales y extranjeros, sin contar, claro, los cinco millones de ciudadanos que Andrés Manuel López Obrador y los partidos que los apoyaron, convencieron para cuidar las casillas y promover su voto, según las propias declaraciones públicas del mismo candidato.
Los dirigentes de todos los partidos, todos sus ex candidatos y también muchos de sus militantes, lo saben bien. Por eso, en el caso de López Obrador y los partidos que lo apoyaron, enfocan sus denuncias a las presuntas compra y coacción del voto, con base en la presumible violación a los topes de campaña legalmente establecidos, aunque hay que decir que de esto último se han acusado entre sí todos los partidos.
Pero resulta que sólo la coacción del voto (en los hechos imposible de probar jurídicamente, al igual que la compra del voto, como lo ha mostrado magistral y sencillamente en esta mismas páginas nuestro colaborador José Elías Romero Apis) es delito que podría tomarse en cuenta para una hipotética anulación de las elecciones. El rebasar los topes de gastos de campaña se resuelve legalmente con el pago de una multa. De ellos son responsables los legisladores (de todos los partidos políticos, incluidos los que apoyaron la candidatura de López Obrador) que aprobaron la reforma electoral de 2007 y que expresamente se opusieron a que el superar los gastos legales en las campañas sea causal de anulación de las elecciones. A ellos hay que exigirles cuentas.
Eso también lo saben todos los involucrados. Por ello los quejosos recurren a espectáculos mediáticos (tan repudiados y denunciados cuando creen que les afectan) para tratar de convencer de que son las víctimas y así se llega al ridículo de mostrar, con fe pública de notario incluida, a un borrego, dos guajolotes, dos patos, una gallina y un cerdo, provenientes de diversos estados de la República… como pruebas de la moneda de cambio para la compra de votos. Aceptemos que esos animalitos fueron entregados a cambio de votos, ¿tiene derecho a exhibirlos quien llamó públicamente a los votantes a recibir lo que les ofrecieron por su voto, siempre y cuando mantuvieran su voto? Si quienes recibieron los patitos, el borrego, el marranito, la gallina y los guajolotes no cambiaron su voto (siguiendo el consejo de su candidato), ¿dónde está el delito? Si cambiaron el voto a cambio de ese regalo, pues resulta que podrían ser considerados traidores o, al menos, corruptos tanto como el que se los ofreció... y moralmente quien los aconsejó.
Mientras, los dirigentes del PRD, algunos de sus gobernadores en funciones, los que ganaron las elecciones y sus próximos diputados y senadores (electos en los mismos comicios que impugnan) realizaron una reunión cumbre en Acapulco para expresar que no se quieren quedar fuera de la agenda nacional en los próximos seis años (como ocurrió de 2006 a 2012), pero que no acatarán, sino valorarán, la decisión del TEPJF sobre la validez y legitimidad de la elección presidencial. En otras palabras: Si el TEPJF anula las elecciones es porque sus integrantes aplicaron la ley de manera justa y proba; si no, es porque son unos corruptos que no hicieron valer la ley. Es decir, aplíquese la ley en los bueyes —bueno, en este caso, patos, borrego, gallina y cerdito— de mi compadre.
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