Uruguay: De mal en peor

Uruguay: De mal en peor – por Ope Pasquet

No conforme con haber dado su voto para sancionar a Paraguay como socio del Mercosur, el gobierno uruguayo decidió dar todavía un paso más y ahora dice que no reconoce al gobierno del presidente Franco. La Cancillería instruyó al personal diplomático para que se abstenga de todo acto que pueda implicar, siquiera tácitamente, tal reconocimiento.
Reconocer que un gobierno existe como tal, y reconocer que además de ello reúne las calidades necesarias para integrar una asociación determinada – como el Mercosur o la OEA, por ejemplo- son dos cosas distintas. Así lo enseña, desde hace muchos años, la cátedra de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

Ya desde los años cincuenta sostenía Eduardo Jiménez de Aréchaga – quien llegó a ser presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya- que el reconocimiento de gobiernos es asunto jurídico, y no político. De esa manera se evita el uso del reconocimiento como un instrumento de presión política sobre un estado, en violación del principio de no intervención.
Para que el gobierno de un estado deba ser reconocido como tal por la comunidad internacional, ha de reunir ciertos requisitos. Ante todo, debe ejercer efectivamente su autoridad sobre la maquinaria administrativa del estado, con la aquiescencia de la población (principio de efectividad). Además, debe tener la capacidad y la voluntad de cumplir con las obligaciones internacionales del país (principio de responsabilidad). Finalmente, se requiere que no sea un gobierno impuesto por potencias extranjeras (gobiernos “títeres”), en violación del Derecho Internacional.
Dicho de otro modo: la legitimidad democrática no es requisito para que un gobierno sea reconocido como tal. El Mercosur puede exigirles esa legitimidad a los gobiernos de los estados miembros, pero solo a los efectos de esa membresía, y no más allá.
Aún quienes sostengan que el actual gobierno paraguayo es el producto de un golpe de estado (opinión que, como es notorio, no compartimos), tendrán que admitir que satisface todos los requisitos exigibles para ser reconocido como gobierno del Paraguay, en la acepción estrictamente jurídica de la expresión. Ese reconocimiento, a su vez, no sería obstáculo para que quienes piensen que el actual gobierno paraguayo se constituyó de manera violatoria de la cláusula democrática del Mercosur, siguieran sosteniéndolo y actuando en consecuencia dentro del Mercosur. Son cuestiones distintas, como se ve, y así deben tratarse.
Más allá de la discrepancia acerca de si la remoción del presidente Lugo fue un “golpe de estado parlamentario” o una crisis política resuelta de conformidad con la Constitución del Paraguay, pensamos que el gobierno uruguayo vuelve a equivocarse, agravando el error inicial, cuando no sólo no reconoce al gobierno del presidente Franco como gobierno democrático, sino que ni siquiera lo reconoce como gobierno a secas. De esta manera se profundiza innecesariamente la zanja abierta entre Uruguay y Paraguay, lo que no es justo para con el Paraguay, ni bueno para ninguno de los dos estados.