La crisis que viene

Sobre la marcha

Carlos Urdiales

Que si la educación, que si la eterna Elba Esther, que si las reformas estructurales, que si la refundación del PAN, que si las premoniciones fúnebres del Presidente Calderón, que si el gabinete del futuro basado en el pasado… Muchas preocupaciones políticas pero poca atención todavía al tema de las pensiones. Estudiosos y analistas del tema estiman en 110% del PIB el costo de esos pasivos laborales para los próximos 30 años en México.

El actuario Francisco Miguel Aguirre es uno de esos especialistas que se han dedicado al cálculo y proyección de lo que él mismo define como tres tipos de mexicanos y de problemáticas para su jubilación. Escribió el libro “Pensiones, ¿y con qué?” y los diferencia así:

Los trabajadores que nada tienen, los de la economía informal que crece y crece hasta alcanzar un porcentaje cercano a la mitad de la población económicamente activa, sin cobertura ni red de protección futura.

La segunda que es la de la población adscrita al IMSS en sus dos grandes modalidades, la de antes del 97 y la posterior. Con el sistema de ahorro individualizado y las pesimistas proyecciones de cuando el futuro llegue y veamos jubilaciones insuficientes para lo mínimo.

Y la tercera y que más preocupa, la de los trabajadores al servicio del Estado en todos sus niveles de gobierno, sindicatos, universidades y docentes en general. En esta categoría están muchos que alcanzando lo que marca la ley, se jubilan a los 50 años de edad. Con expectativas de vida que hoy se acercan a los 75 años y sigue creciendo, la tabla de proyección nomás no sale.

Si un doctor, enfermera, maestro o burócrata comienza a trabajar a los 20 años de edad y su plazo de vida activa es de 25 ó 30 a lo sumo, prácticamente tendría que haber ahorrado un peso por cada peso cobrado en salario para hacer viable su pensión. Y eso nunca ha ocurrido.

El tamaño de ese pasivo laboral es espeluznante, pero sobre todo, es inevitable.

¿Quién será el valiente que asuma el costo político y social de pretender modificar, ya no los derechos adquiridos de trabajadores que cumplen con lo estipulado hace décadas sin la menor pericia de planeación, o peor aún con toda la malicia de saber que el numerito le estallaría a otros? Nadie puede modificar esos derechos pero lo que la SCJN ya ha dictaminado es que antes de ejercer tales derechos no hay otra cosa que expectativas imaginadas o prometidas, y esas sí se han modificado.

La discusión debe pasar, dice el actuario Francisco Miguel Aguirre por lo político, lo laboral y por lo económico. Es decir, Gobernación, Trabajo y Hacienda, los tres de la mano con el Congreso para legislar y mover nuestros parámetros de retiro y jubilación.

Hay que convencer a los trabajadores. Hay que respaldar liderazgos que permitan construir esas negociaciones. Hay que plantear que no se trata de pelear por lo justo de la protección social, sino de lo injusto que resulta que existan millones de beneficiados del Estado que en los hechos viven pensionados casi tanto como lo que trabajaron. La idea de una pensión es justamente la de la solidaridad con quien ya no puede trabajar.

La crisis que viene tarde o temprano, igual que ocurre en Grecia y en otras partes de Europa será la de las pensiones. Ya veremos si el próximo gobierno decide entrarle al tema. Asumir costos pero por encima de todo, tener la capacidad política de hacer lo necesario para desactivar una bomba social, laboral, política y económica.