Mercosur: Saludando al intruso
El País, Montevideo
Cuarenta y ocho sindicalistas fueron
asesinados en Venezuela durante el primer semestre de 2012, bajo un
manto de impunidad que en el correr de 2011 ya había facilitado la
muerte violenta de otros veintiocho activistas gremiales. En ese clima y
ante esas intimidaciones se realizarán las elecciones nacionales del 7
de octubre, al cabo de trece años de gestión del actual gobierno.
Desde 2005, ese régimen ha instrumentado un marco legal que criminaliza
las protestas sociales, a pesar de lo cual se produjeron 2.442
movilizaciones laborales, estudiantiles o populares entre enero y julio
de este año (unas catorce por día), consecuencia de lo cual son los
2.500 militantes encarcelados por integrar esas marchas. Lo pintoresco
es que el poder encargado de esa represión se autodenomina socialista.
Se trata de hechos clamorosos que sin
embargo no son accidentales, en un país donde el avasallamiento de los
derechos humanos es un hecho habitual, pero donde la opinión pública es
distraída por el colosal aparato propagandístico de los medios
oficiales. Los atropellos contra las garantías individuales, la
libertad de expresión o la independencia del Poder Judicial y
Legislativo, pueden disimularse bajo el remolino de problemas diarios
que castigan a los venezolanos: la mayor inflación de Latinoamérica, la
escasez de vivienda, el desabastecimiento de productos básicos, la
endémica escasez de energía eléctrica y un índice de violencia criminal que puede calcularse por el ritmo actual de un homicidio cada dos horas en la ciudad de Caracas.
A esos rasgos conviene agregar otros
perfiles sobre el papel que juega la Venezuela de hoy a nivel
internacional. En primer lugar, su adhesión al régimen de Bashar
Al-Assad en Siria. Condenado por 130 países en la asamblea general de
Naciones Unidas, y calificado por su ex primer ministro como "carnicero
y genocida", ese despotismo que desde marzo de 2011 ha matado a 13.000
civiles, recibe el apoyo del presidente venezolano, que ha calificado a
Assad como "líder árabe, hermano y humanista" (habrá querido decir
humanitario, porque humanista significa instruido en letras humanas).
En segundo lugar, debe mencionarse el retiro de Venezuela de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. En tercer lugar, como nota
teleteatral, cabe agregar el asesinato de la embajadora venezolana en
Kenia, aparentemente estrangulada por el primer secretario de esa sede
en una lucha interna por el poder, como prueba de que la violencia
reinante no se limita a Caracas y puede llegar a Nairobi.
En cuarto lugar corresponde recordar el
flamante aterrizaje de Venezuela en el seno del Mercosur, en cuyo
Protocolo fundacional figura un primer artículo que exige a los
miembros del organismo "la vigencia de las instituciones democráticas,
el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales"
como condición indispensable para integrar esa unión regional. El
beneplácito con que Brasil, Argentina y Uruguay recibieron al nuevo
socio, podría imponer a los gobiernos de esos tres países un examen de
conciencia sobre la conducta de los vecinos a quienes dejan entrar como
si llenaran los requisitos establecidos. O acaso lo que ocurre es que
esos tres mandatarios ignoran lo que todo el mundo sabe, desestiman lo
que preocupa a muchos otros y anteponen razones políticas menos
rigurosas que las manejadas para la expulsión de Paraguay.
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