Caso en Texas plantea preguntas inquietantes sobre la circulación de armas de ATF

El empresario del Valle del Río Grande bajo múltiples investigaciones por tráfico de armas continúa adquiriendo armas a través de testaferros

Por Bill Conroy

Una serie de investigaciones penales iniciadas hace unos cuatro años por los agentes de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de los EEUU (ATF, por sus siglas en inglés) todas ellas centradas en el tráfico de armas en el sur de Texas, parecen deshacer la teoría de que tan sólo el gobierno de Obama es responsable de desatar la operación que permitió que miles de armas adquiridas ilegalmente fueran enviadas a México.
La operación del gobierno de Obama, conocida como Rápido y Furioso, fue lanzada en el otoño de 2009 y terminó a principios del 2011 a raíz de una investigación del Congreso liderada por los republicanos.
Las investigaciones de la ATF en el caso del sur de Texas se iniciaron en agosto de 2008, más de un año antes del inicio de Rápido y Furioso y mientras el presidente George W. Bush estaba en el cargo. Fue bajo el gobierno de Obama, a fines de diciembre de 2011, que las investigaciones se cerraron finalmente con una condena del jurado al principal sospechoso. Entonces, el caso del sur de Texas, se extiende por dos administraciones y, en cualquier evaluación razonable, también parece haber permitido que numerosas armas de fuego ilegalmente adquiridas pasaran (a través de la cadena de tráfico de armas, de un comprador ilegal al siguiente, durante el curso de una extensa investigación de ATF).

El caso del tráfico de armas del sur de Texas, arroja una nueva luz sobre la controversia del paso de armas, revelando que es una táctica empleada por la ATF y aprobada por fiscales de Estados Unidos a través de múltiples administraciones y estados -una táctica que es más emblemática de una guerra contra las drogas inducida por un sistema podrido del sistema judicial que una estrategia política para erosionar los derechos de armas de fuego.

El golpe

El 16 de febrero de 2008, Celerino Castillo se detuvo en el estacionamiento de un restaurante Whataburger cerca de la ciudad fronteriza de Pharr, Texas y a Manuel Tijerina Herrera le entregó armas compradas ese día en el centro de Texas.
Ese día, Tijerina Herrera (conocido por el apodo de Meme) estaba conduciendo una camioneta Chevy con placas de papel. La transacción fue presenciada por dos agentes federales (uno de Inmigración y Aduanas, o ICE por sus siglas en inglés, y el otro de ATF) que estaban asignados de forma encubierta para vigilar a Casillo y quienes lo habían seguido desde el área de Austin hasta Pharr el 16 de febrero de 2008, observando sus actividades y la compra de armas de fuego.
Dos de las armas entregadas a Tijerina Herrera fueron compradas en una feria de armas en Austin, Texas, por un individuo llamado Jay Lemire, quien participaba como informante de ATF. Lemire, de acuerdo con una denuncia penal y un informe de vigilancia de ATF obtenidos por Narco News, había comprado las armas a un vendedor de armas que trabajaba para un comerciante registrado. Sin embargo, los registros de ATF muestran muestran que el vendedor era un criminal condenado y, bajo la ley federal, ni siquiera estaba autorizado para manipular un arma de fuego.
Las autoridades federales la consideraron una compra ilegal a través de un testaferro, debido a que Lemir indicó en los papeles de la compra que las estaba comprando para sí mismo -cuando en realidad, argumenta ATF, planeaba entregarlas a Castillo.
Sin embargo, debido a que Lemire estaba trabajando como informante, su infracción estaba aclarada por ATF y la operación completa estaba diseñada para golpear a Castillo, un ex agente de la DEA sin antecedentes penales -siendo también un conocido informante que, unas tres décadas atrás, había ayudado a exponer a la CIA por las transacciones de armas por drogas que fueron parte del intento de los EEUU de derorcar al gobierno sandinista en Nicaragua durante la época Irán-Contra.
Castillo, de acuerdo con sus alegatos de la corte federal, no tenía ninguna razón para sospechar que las transacciones de armas -ni las de Lemire, o después con Tijerina Herrera- eran ilegales, ya que entonces ninguno de ellos era un criminal convicto o que se le prohibiera poseer o vender armas de fuego. Sin embargo, las actividades de compra y venta de armas de Castillo de ese día formarían parte de una demanda de ATF que condujo a su arresto unas semanas después, el 6 de marzo de ese año, y su eventual condena por cargos de armas de fuego.
El caso de Castillo, marcado por denuncias de mala conducta y acusaciones de que su abogado (ahora inhabilitado) era incompetente, ha sido objeto de varias notas de Narco News. [Esas historias se pueden encontrar en este enlace.]
Sin embargo, lo que no se ha reportado anteriormente, es el hecho de que, “Meme” Tijerina Herrera, la persona a la que Castillo entregó las armas en febrero de 2008 en un Whataburger cerca de Pharr, Texas, ha tenido numerosos encuentros con la ley en los últimos años. Además, Tijerina Herrera fue objeto de varias investigaciones de la ATF, como lo muestran registros de los tribunales, que estaban en marcha desde hace años -y que en última instancia condujeron a su condena por acusaciones graves por armas de fuego.
Castillo previamente ha afirmado incursionó en la compra de armas y la venta como un pasatiempo y porque era “divertido”, pero insiste en que no estaba consciente, antes de su detención, de que ninguna de las personas con las que trató en ese nivel, incluyendo Tijerina Herrera, tenían problemas legales. De hecho, Tijerina Herrera aparentemente era un exitoso hombre de negocios del área de McAllen y operaba varios establecimientos, entre ellos Klub Infinity, El Tiburón restaurante y el Club Deportivo Palmas.
Al parecer, tampoco el agente de la ATF que encabezó la detención de Tijerina Herrera en abril de 2010 estaba consciente de otras investigaciones de su organismo contra Tijerina Herrera, según indican documentos judiciales.
Sin embargo, el 16 de febrero de 2008, parece claro que en el afán de construir un caso contra Castillo, los agentes federales encargados de su vigilancia permitieron que las armas que entregaron a Tijerina Herrera pasaran -en otras palabras, permitieron que las armas salieran del sitio del intercambio en Whataburgen aún cuando los agentes federales estaban llevando a cabo la vigilancia.
Los documentos también indican que a partir de mediados de 2008 (quizás antes) -el punto en que Tijerina Herrera se convirtió en objeto de investigación de la ATF- hasta el 30 de abril de 2010, cuando fue finalmente arrestado por agentes de la ATF, decenas de armas fueron compradas por testaferros y se entregaban a Tijerina Herrera sin la intervención de ATF. Algunas de esas armas, en base a preguntas formuladas por el juez y el fiscal en una audiencia del caso de Tijerina Herrera, eran sospechosas de terminar en manos de narcotraficantes mexicanos, mientras que otros, según un comunicado de prensa de 2011 emitido por el gobierno, “estaban siendo traficaras y utilizadas, o en posesión, para otro delito grave.”

Rápido y Furioso

El caso de la ATF contra el “Meme” Tijerina llegó al final del gobierno de Bush, con su detención a mediados del gobierno de Obama -y poco antes del escándalo iniciado por los republicanos en el Congreso sobre la operación Rápido y Furioso de ATF en Phoenix, Arizona.
En Rápido y Furioso, los agentes de ATF y los fiscales federales asignados a la operación están acusados de permitir que unas 2.000 armas adquiridas por compradores testaferros pasaran a México -con muchas de esas armas encontrando su camino hacia la organización narcotraficante de Sinaloa, ayudando a expandir la tasa de homicidios en la sangrienta guerra contra las drogas de ese país.
La supuesta estrategia detrás del paso de armas de fuego era permitir que los compradores siguieran comprando en tiendas de armas y otros lugares para que el flujo de armas pudiera ser rastreado hasta los principales narcotraficantes, logrando construir así evidencia para crear casos federales contra esos “capos.” Un artículo recientemente publicado por la revista Fortune también avanza en la contra teoría para explicar el paso de las armas: Los fiscales federales en Arizona se mostraron reacios a presentar casos contra los compradores debido a la falta de pruebas y sanciones penales, dejándole a ATF pocas opciones más que dejar que los compradores se fueran libres.
De todos modos, el resultado final es que la ATF siguió trabajando los casos, durante meses, incluso con cada vez más armas, llegando al menos a 2.000 armas libres circulando entre los compradores para más tarde encontrar su camino a través del mercado negro en México.
Toda la operación llegó a un alto después de que un par de las armas de Rápido y Furioso se encontraron en la escena del crimen de un agente de la Patrulla Fronteriza, asesinado en Arizona en diciembre de 2010. Ese descubrimiento provocó un gran revuelo en la comunidad nacional por los derechos a portar armas de fuego y llevó al senador Charles Grassley y a la diputada Darrell Issa, ambos republicanos, a poner en marcha una investigación del Congreso sobre Rápido y Furioso -que recientemente llevó a cargos de desacato al Congreso en contra del Fiscal General de Obama, Eric Holder, por su supuesta falta de entregar documentos posteriores a Rápido y Furioso a los investigadores del Congreso.
El caso de Tijerina Herrera tiene un significado en ese ámbito porque parece ofrecer pruebas de que la táctica de ATF de permitir que las armas circularan en las investigaciones se extiende más allá de Arizona y estuvo en uso en al menos dos administraciones presidenciales. Gran parte de la presunta circulación de armas del caso de Tijerina Herrera es anterior a la operación Rápido y Furioso (lanzada en el otoño de 2009) y también se produjo después de un programa similar en la era Bush en Arizona, llamado Receptor Abierto -que fue terminada en 2007, un año después de su inicio.

La evidencia

El informe de vigilancia y la denuncia penal en el caso Castillo plantean serios interrogantes acerca de por qué los agentes de la ATF y ICE, que el 16 de febrero de 2008 siguieron a Castillo, optaron por no capturar las armas antes -por ejemplo, justo después de que el informante Lemire entregó las armas de fuego a Castillo en el estacionamiento de la tienda de armas de Cabela en Buda, Texas. En su lugar, los agentes siguieron a Castillo por cientos de kilómetros cuando se dirigía al sur hacia la frontera, y después lo vieron entregar las armas a Tijerina Herrera, en el estacionamiento de un restaurante de comida rápida. Para luego dejar que las armas se fueran sin tocar, aún cuando el agente de ATF, en la denuncia contra Castillo, utiliza la transacción en el Whataburger como parte de la evidencia en contra de Castillo.
Así, el informe de vigilancia ATF y denuncia penal, son la evidencia de que los agentes permitieron la circulación de armas en en el caso Castillo. Y la persona que se fue con las armas, participó en numerosas compras ilegales como testaferro al menos dos años después del intercambio de Whataburger, mientras era objeto de varias investigaciones de ATF, según indican documentos judiciales, antes de ser finalmente detenido por la ATF.
La perdición de Tijerina Herrera era un individuo llamado Jesse Noel González, quien terminó en el radar del agente especial de la ATF Kevin Brown.
“Utilizando la información reunido de González, los agentes de ATF en McAllen abordaron a Tijerina Herrera en su residencia [en McAllen, Texas] y se lo llevaron detenido”, afirma Brown en su denuncia penal del 2 de mayo de 2010. “… El declarante [Brown] supo de otros agentes de ATF que Tijerina Herrera está vinculado con otras investigaciones por tráfico de armas. ... Una búsqueda en la residencia reveló que el rifle Bushmaster comprados por [el testaferro] González estaba dentro de la residencia. Sobre la base de la información, Manuel Tijerina Herrera violó leyes sobre armas de fuego mediante la contratación de Jesse González para comprar de armas de fuego ilegalmente.”
Los alegatos de la corte muestran que un número de otras armas, fusiles y pistolas, también se encontraron durante el allanamiento de la casa de Tijerina Herrera, así como un silenciador.
Una segunda acusación formal en el caso de Tijerina Herrera, presentada 11 de enero 2011, agregó cinco acusados más a su caso. Estos acusados, los fiscales argumentaron, participaron en el plan para comprar y entregar múltiples armas de fuego adquiridas por Tijerina Herrera -desde agosto de 2008 y hasta su detención por la ATF el 30 de abril de 2010. Esa detención fue motivada por una investigación independiente del agente de ATF Brown iniciada ese mismo día, de acuerdo con su denuncia penal, después de que Brown recibió “información de un titular de licencia de armas de fuego en cuestión federal” sobre sospechosas compras de armas realizadas por el testaferro de Tijerina Herrera, González.
No está claro a cuántas armas se les permitió circular durante las investigaciones de ATF a Tijerina Herrera, pero parece indiscutible que de haber detenido a Tijerina Herrera con anterioridad, incluso como parte del caso de Castillo, muchas de las transacciones ilegales de armas y los delitos que generaron posteriormente, se podrían haber evitado.
Pero de muchas maneras, el caso Tijerina Herrera desafía lo esperado. Algunas de las revelaciones extrañas en el caso se extrajeron en las primeras etapas del litigio, como parte de la audiencia de detención de Herrera Tijerina el 10 de mayo de 2010 en una corte federal en McAllen.
Por ejemplo, la audiencia dejó en claro que Tijerina Herrera no es un ciudadano de los EEUU, a pesar de contar con una “tarjeta de residente extranjero” y un falso certificado de nacimiento de los EEUU que afirmó haber comprado en un “carnaval” como una broma. Además, Tijerina Herrera, su hermano y su padre, todos ciudadanos mexicanos, fueron arrestados por cargos de narcotráfico antes. Sin embargo, los cargos en contra de Tijerina Herrera fueron desechados, por alguna razón desconocida, mientras que su hermano y su padre fueron condenados por tráfico de drogas, cumplieron condena en una cárcel de EEUU y posteriormente fueron deportados.
A continuación se presentan algunos extractos de una transcripción de la audiencia del 10 de mayo de 2010:

Agente Brown de ATF: ... Múltiples investigaciones de ATF han involucrado al señor Tijerina en los últimos años. Y todavía estoy en el proceso de revisión de los informes, pero por lo menos cinco personas adicionales han indicado que han comprado armas de fuego para el señor Tijerina en el pasado.

Más tarde, en la transcripción:

El Juez: ¿Y hay también están esas otras investigaciones [de ATF] que han relacionado al señor Tijerina con la misma actividad. ... El hecho de que hay otro – su nombre ya ha surgido en otras investigaciones- el hecho de que las armas aquí [en el caso de Tijerina Herrera] eran rifles de asalto semiautomáticas que normalmente no son lo que los cazadores utilizan. …El agente [de ATF] declaró que no es, y el sentido común lo dice, que ese no es el tipo de armas que los cazadores utilizan. Y es el tipo de arma de fuego que se encuentra a menudo en estos enfrentamientos violentos [en México] y, en particular, es una de las armas preferidas en cuanto a algunos de esos grupos [del narcotráfico].
...En el contexto de esta situación, él [Tijerina Herrera] tiene lazos importantes en México, como se refleja en el informe previo al juicio. Sus padres están ahí. Su padre fue deportado después de una condena por drogas en los Estados Unidos. Además, tiene un hermano que fue igualmente deportado a México después de una condena por drogas en los Estados Unidos. Y parece que el señor Tijerina fue -supongo que fue acusado en el mismo caso en que su hermano y su padre fueron deportados de los Estados Unidos, pero el cargo en su contra fue desechado.
Así que toda esta circunstancia es un poco preocupante. En primer lugar, sí tiene lazos en México. Pero la circunstancia de esta situación en la que tiene familiares que han sido condenados y luego deportados, y al parecer él fue acusado en relación con eso. …Es, sabes, un punto a tomar en cuenta junto con muchas otras cosas.

Pero hay más en el expediente judicial sobre Tijerina Herrera que plantea interrogantes aún más grandes acerca de cómo fue capaz de evitar la intervención de la ATF durante tanto tiempo, aún cuando para los agentes de la investigación parecía estar claro que estaba en el centro de una operación de tráfico de armas. De hecho, con base en las revelaciones contenidas en los escritos presentados por la fiscalía en su caso, parece que Tijerina Herrera o tenía una suerte increíble o estaba rodeado por un abogado excepcional, o tenía
un pase libre de cárcel del gobierno de los Estados Unidos.
De los escritos de los fiscales, presentadas en los EE.UU. Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Texas el 12 de septiembre de 2011:

El Gobierno tratará de introducir el siguiente: 1. Que el acusado [Tijerina Herrera], en o alrededor del 20 de enero de 2011, dijo al acusado González [uno de los individuos acusados de ser testaferro en las compras de armas] que él le daría beneficios, posiblemente incluyendo dinero, si el acusado González declaraba que no había comprado armas para el acusado Tijerina.
2. Que el acusado, en o alrededor del mes de agosto de 2011, en aproximadamente dos ocasiones en la sede del Tribunal de los EEUU en McAllen, Texas… dijo a los coacusados Aaron Alemán y Gustavo Alemán a que no declararan en su contra.
3. Que el acusado, en o alrededor del 6 de septiembre de 2011, en la sede del Tribunal de los EEUU McAllen, Texas… preguntó si los co acusados Aaron Alemán y Gustavo Alemán se declararían “culpable” o “inocente” y cuando dijeron que se declararían culpables, el acusado Tijerina levantó su mano en la forma de un arma, en dirección a los co acusados Aarón y Gustavo Alemán. Los co acusados creen que se trató de una amenaza.
4. Que el demandado [Tijerina Herrera], en o alrededor del 28 de noviembre 1990, fue arrestado por conspiración de poseer con la intención de distribuir marihuana en McAllen, Texas. Este asunto fue desestimado el 11 de marzo de 1991.
5. Que el acusado, en o alrededor del 26 de octubre 1993, fue acusado de uso no autorizado de un vehículo, un delito grave de tercer grado, en el condado de Hidalgo, Texas. Este caso fue desestimado el 6 de julio de 1999.
6. Que el acusado, en o alrededor del 26 de octubre 1993, fue acusado de posesión de una sustancia controlada, una pena de grupo 1, con menos de 28 gramos, un crimen de segundo grado, en el condado de Hidalgo, Texas. El acusado Tijerina fue otorgado con una desviación en el prejuicio el 23 de febrero de 1994. [Como parte de la desviación antes del juicio, los participantes no serán condenados, o los cargos serán desechados al término del programa.]
7. Que el acusado, en o alrededor del 22 de marzo 1996, fue acusado de conducir en estado de ebriedad, un delito de clase “B” delito menor, en el condado de Hidalgo, Texas. Este caso fue desestimado el 20 de noviembre de 2009.
8. Que el acusado, en o alrededor del 16 de junio 1999, se le dio la libertad condicional diferida en el condado de Corte de Ley No. 1, del Condado de Hidalgo, Texas, en el caso número CR163094A, por el delito de conducir en estado de ebriedad, delito menor tipo B.

Teniendo en cuenta los hechos que han aparecido en el caso de Tijerina Herrera, parece difícil de justificar por qué la ATF no actuó antes contra él, por lo menos en 2008, cuando la evidencia de sus compras de armas de fuego ilegales apareció en el radar de la agencia. E incluso si la agencia sostiene que no había suficientes causas probables para arrestar a Tijerina Herrera antes del 10 de mayo de 2010, entonces ¿cómo explicar el hecho de que los fiscales de Estados Unidos decidió presentar una acusación formal, que incluyó los cargos basados en las investigaciones anteriores de ATF ?
Además, aun cuando los agentes de la ATF sentían que no tenían suficiente evidencia para actuar en contra de Tijerina Herrera, ¿por qué eligieron no actuar antes contra cualquiera de los otros presuntos testaferros en un intento por evitar que las armas de fuego circularan?
Al final, Tijerina Herrera fue declarado culpable de cinco cargos de violar las leyes federales de armas de fuego y el 29 de diciembre de 2011 fue condenado a 10 años en prisión federal. El tribunal consideró que Tijerina Herrera estuvo involucrado en la compra de 39 armas de fuego, afirma un comunicado de prensa del gobierno- aunque fuentes cercanas al caso dijeron a Narco News que el número real ronda los cientos.
Permanezcan en sintonía…